Qué manejos se traían estos. Y a este pobre lo han querido meter por en medio". El comen-tario es de una de las señoras que, cada día y de manera incansable, forman parte del público del juicio de los trajes para apoyar a Francisco Camps. "Estos" son los empresarios de la trama Gürtel, cuyas supuestas fechorías están quedando al descubierto en la vista oral. "Este pobre" es el expresident valenciano, que ocupa el banquillo desde el pasado día 12.
La frase resume la estrategia que el PP ha seguido desde la imputación de Camps en la trama Gürtel. El exmandatario está siendo juzgado por, presuntamente, dejarse sobornar por la red corrupta durante cuatro años, en los que recibió en torno a 12.000 euros en trajes como regalo. Desde que estalló el escándalo, su partido ha aprovechado la escasa cuantía de las dádivas para intentar desacreditar el proceso. El PP ha insistido en que un presidente autonómico "no se vende por tres trajes".
Bajo su presidencia, supuestamente el PP se financió fuera de la ley
Tanto se ha repetido esa coletilla en los últimos años que casi se ha incorporado al imaginario popular valenciano. Así, es fácil oír a taxistas o camareros mostrar su perplejidad por que un juicio "por tres trajes" esté ocupando a jueces, abogados, fiscales y periodistas durante un mes entero.
Sin embargo, el propio desarrollo de la vista oral está poniendo en evidencia que el caso de los trajes es sólo la espuma de una gran ola. La rama más vistosa y frívola de una compleja investigación judicial que aún está en gestación: la de los presuntos manejos que llevaron a cabo la trama Gürtel y el PP valenciano durante el mandato de Camps.
Para entender la posición que ocupa este juicio en la vasta instrucción del caso Gürtel, es necesario ampliar el zoom hasta abarcar todas las ramas de la causa. Según figura en los diferentes sumarios que la componen, la trama se dedicaba, presuntamente, a "la obtención de contratos públicos evitando una libre concurrencia en las adjudicaciones", en palabras literales de uno de los muchos autos judiciales que ha generado la investigación. ¿Cómo conseguían este paso franco hacia el dinero público? A través de agasajos regalos y mucha adulación a políticos del PP y a funcionarios públicos para ganarse su "favor" y conseguir una "relación estable" con ellos, según el mismo auto.
Los tribunales investigan si la Generalitat amañó contratos públicos
Del síntoma a la enfermedad
En este contexto, los supuestos trajes de Camps son una de las vías por las que los dirigentes de la trama buscaron conseguir ese "favor" del político y establecer aquella "relación estable" con el PP valenciano y sus cargos públicos. Judicialmente, la recepción de regalos es lo único que se le imputa a Camps, y es por tanto lo único que se analiza en este juicio, por el que el expresident se expone a una pena máxima de 49.500 euros de multa por presunto cohecho. Pero, en una mirada amplia sobre el caso Gürtel, tanto los trajes como las grabaciones en las que Camps y el cabecilla de la trama, Álvaro Pérez, se intercambian lisonjas y promesas de lealtad eterna son pruebas de que existió una gran proximidad entre la trama y parte de la clase política valenciana.
Esta intimidad se repitió como un juego de espejos en varios escalafones del Gobierno y el PP valencianos. Y fue el caldo de cultivo de la verdadera enfermedad que aquejó durante aquellos años a la Administración autonómica: la presunta comunión delictiva entre dirigentes del PP regional, responsables del Gobierno autonómico y cabecillas de la red corrupta. Este presunto entramado de intereses se investiga desde el pasado mes de mayo en el TSJCV. En la instrucción no está imputado Francisco Camps. Pero sí lo están sus dos colaboradores más inmediatos: su número dos en el Gobierno, el exvicepresidente Vicente Rambla, y su mano derecha en el partido, el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa.
De ahí para abajo, los respectivos organigramas del Ejecutivo y la formación política están salpicados de imputados: David Serra, vicesecretario de Organización del PP valenciano y Yolanda García, tesorera; Milagrosa Martínez, exconsellera de Turisme, expresidenta de Les Corts Valencianes y actual alcaldesa de Novelda; Rafael Betoret, Isaac Vidal y Jorge Guarro, ex altos cargos de la misma Conselleria; y Dora Ibars, ex directora general en el área de Presidencia. Por parte de la trama están imputados sus tres principales cabecillas: Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Francisco Correa.
El resultado de la supuesta alianza entre la red mafiosa y los representantes de los ciudadanos se tradujo en varios presuntos delitos: prevaricación, cohecho, falsedad documental y financiación ilegal. Dicho en lenguaje llano, lo que presuntamente sucedió es que el PP consiguió financiar sus fastos electorales a través de la trama corrupta.
El mecanismo descrito en el sumario es el siguiente: Orange Market la empresa dirigida por Pérez intermedió para que grandes empresas que recibían adjudicaciones de la Generalitat Valenciana pagaran gastos del partido. Las sociedades constructoras, en su mayoría sufragaban supuestamente los actos electorales de los conservadores a cambio de adjudicaciones públicas que los gobernantes del PP les otorgaban "como contraprestación a los favores realizados para la formación política", según un informe de la Policía Nacional.
Para mantener este mecanismo engrasado, los dirigentes del PP hubieron presuntamente de falsear facturas y amañar concursos públicos. Todo salpicado por continuos regalos dirigidos por la trama a los cargos públicos, documentados en anotaciones de los contables de la red, así como por cruces de alabanzas entre políticos y empresarios, recogidos en grabaciones. Y regado con adjudicaciones directas a las sociedades de Correa, que recibieron un mínimo de seis millones de euros.
Camps está libre de responsabilidades judiciales por este caso, y sólo se le juzga, efectivamente, por "tres trajes". La actitud que mantiene desde el banquillo indica que tampoco se siente concernido por la responsabilidad política: sus gestos como los de llevarse las manos a la cabeza cuando los testigos le son desfavorables y comentarios "espectacular", llegó a musitar ante la declaración del director de la tienda, que narró cómo el expresident se llevaba los trajes sin pagar son los de un hombre que se considera agraviado e injustamente tratado.
Sin embargo, su causa y la que mantiene imputados a sus subordinados son tan conexas que el propio juicio de los trajes se ha convertido en un adelanto de la gran investigación que atañe a su partido. Una suerte de "Cuento de Navidad", por el que los presuntos amaños de la trama Gürtel han desfilado por delante del acusado, gracias a la declaración como testigos de varios excargos de la Gene-ralitat. Bajo las respectivas áreas de responsabilidad de la mayoría de ellos se produjeron presuntos amaños que beneficiaron a la trama Gürtel. Interrogados al respecto, la mayoría puso cara de póquer y dijo "no sé" o "no me acuerdo".
Entre estos cargos públicos, comparecieron cinco de los presuntos implicados en la causa paralela a de los trajes. Debido a su calidad de imputados, acudieron acompañados de abogado. Dos de ellos, Milagrosa Martínez y David Serra, aprovecharon este estatus jurídico para guardar silencio. La estampa fue poco edificante. Ambos son políticos en ejercicio ninguno de los dos ha sido cesado. Pero se permitieron callar ante el chaparrón de preguntas comprometidas que les cayó encima. Mientras, el que fue el máximo representante de la Generalitat Valenciana durante años les miraba desde el banquillo.
Publicado en el periódico "Público"
